El INSS, por segundo año consecutivo, realiza la revisión de oficio de la cuantía del IMV de espaldas a los principios básicos del derecho administrativo, dejando a miles de familias con cero ingresos o una reducción sustancial de la cuantía para el mes de diciembre y en una situación de indefensión total al no recibir NOTIFICACIÓN alguna de la variación en la cuantía percibida. Estas variaciones van desde la minoración de la cuantía hasta la extinción de la prestación.

Son miles las familias que se han enterado el 24 de noviembre y en el cajero que habían dejado de ser perceptoras del IMV y otras tantas las que han visto su prestación reducida, en algunos casos a no más de 20 euros. Realizar esta revisión a final de año y no en enero, causa doble daño a las familias, ya que además de quedar en la más absoluta pobreza deben devolver lo indebidamente pagado por el INSS durante todo el año.

Ninguna de estas familias ha recibido la preceptiva notificación de las variaciones producidas sobre su prestación. Jose Luis Escrivá incumple así la Ley 39/2015 del Procedimiento administrativo común que, en su artículo 21, establece que la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos sus procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

Entendemos que esta forma de actuar, aun cuando hoy las familias afectadas recibieran su notificación, causa un daño irreparable en estas familias, supuestamente protegidas por el IMV. Desde la puesta en marcha de esta prestación, familias titulares junto a las entidades que las acompañamos venimos denunciando la falta de rigor en el proceso administrativo que la sustenta. La desconfianza creada en torno al IMV desnaturaliza el derecho que reconoce ya que hurta a las familias de la tranquilidad de saber que van a estar protegidas gracias a un ingreso económico estable que les permita hacer frente a sus necesidades básicas y poder, desde esa tranquilidad, avanzar en su desarrollo social para, a medio o largo plazo, superar la situación de pobreza.

Entendemos que esta forma de actuar solo puede ser calificada de APOROFOBIA, ya que niega el derecho a ser oídas por la administración a las personas empobrecidas por el mero hecho de ser pobres. Son familias pobres, pero con derechos.

Esta forma de realizar la revisión de oficio, sin garantizar el derecho de audiencia antes de cometer el daño, vulnera el INTERES SUPERIOR DEL MENOR. No podemos olvidar, que según datos del propio Ministerio, el 42,9% de los beneficiarios del IMV son niñas o niños. Hoy preguntamos al Ministro, ¿cuántas de estas niñas, cuántos de estos niños están en la más absoluta pobreza por la negligente forma de gestionar el ingreso mínimo vital?

 

Es evidente que no puede seguir al frente de esta política vital para la erradicación de la pobreza alguien que en dos años no ha sido capaz de generar una forma de trabajo eficaz, que garantice por encima de todo la vida digna de las familias empobrecidas protegidas por este derecho.

Por esto las entidades firmantes, exigimos la dimisión de José Luis Escrivá y emplazamos a su sucesor a que, consciente de la vulneración de derechos fundamentales que conlleva la actual organización de gestión del IMV, acometa el necesario refuerzo de la plantilla de funcionarias y funcionarios del INSS que garantice una gestión eficaz y respetuosa con los derechos de las familias perceptores del IMV, garantizando por encima de todo la dignidad de las familias empobrecidas.

 

En Madrid a 1 de diciembre de 2022.

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